Se busca sistema electoral para España · La importancia de la gobernabilidad

INTRODUCCIÓN
Los movimientos sociales que se han hecho con las portadas de los muy diversos periódicos españoles en los últimos años han traído consigo debates que hasta el momento no habían surgido o que lo habían hecho silenciosamente. Uno de esos debates es el del sistema electoral español. Cuando la crisis económica trae consigo una crisis de valores y con ella una amnesia general del por qué de las cosas, se hace necesaria una revisión de la misma. Se hace necesario explicar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es lo que quiero aportar al debate sobre el sistema electoral español: el explicar cómo es, por qué es como es, de qué manera se puede cambiar y hacia qué dirección, y sobre todo cómo afecta nuestro sistema y sus posibles reformas a la gobernabilidad, elemento indispensable para la supervivencia de un país.

 

Antes de comenzar a exponer las líneas maestras de este ensayo, debemos explicar brevemente nuestro sistema electoral.

El periodo de la transición española ha dado muchos hijos. Uno de ellos es la creación de  un sistema electoral con tintes de proporcionalidad, regido por la fórmula D’hont y adoptando demarcaciones preexistentes, es decir, para componer un sistema con distritos provinciales y con claros desajustes en la ratio de escaños por provincia provocados por la apuesta por distritos que son plurinominales pero con una magnitud pequeña en muchos casos. Esos claros desajustes significan la sobrerrepresentación de las zonas rurales (teóricamente más conservadoras), como lo son Soria, Teruel o Zamora. Los redactores de nuestro modelo, pese a que querían un sistema proporcional aparentemente, también se vieron empujados por la idea de estabilidad, la cual viene de un modo más afianzado en un sistema mayoritario. Por lo tanto, nuestro sistema electoral se planeó para ser un punto intermedio entre el sistema mayoritario y otro igualitario. Y lo que tenemos hoy en día y lo que está planteando problemas y tensiones sociales es: “este sistema, que garantiza una menor fragmentación partidista, mayor tasa de voto útil o sofisticado, mayor estabilidad de los gobiernos, mayor desproporcionalidad electoral y un sistema con un sesgo conservador” (JR Montero, 2009).

Es aquí donde entra el debate de “estabilidad” frente a “justicia/igualdad” a la hora de decantarnos por uno u otro sistema electoral. Este debate, según algunos autores como Vallès y Bosch, se lleva manteniendo desde el siglo XIX con Walter Bagehot (a favor del sistema mayoritario) y John Stuart Mill (en pro de la representación proporcional), los partidarios de lo primero alegando la importancia de delimitar una mayoría parlamentaria a la que se confía un mandato claro para desarrollar una determinada política gubernamental, y los partidarios de lo segundo, por el contrario, creen que lo esencial es constituir una Cámara que sea reflejo aproximado de las tendencias existentes en el cuerpo electoral (Vallès, & Bosch, 1997).

En la actualidad, las voces críticas no han dudado en alegar una supuesta desigualdad y desproporcionalidad de nuestro sistema electoral. Sin embargo, algunos autores, como José Ramón Montero y Pedro Riera, han afirmado que es imposible que un sistema electoral cumpla por completo criterios como: que sea igualitario, proporcional, que garantice la maximización de participación, etc. (JR Montero, & P Riera, 2009). Es por ello por lo que no hay que buscar el sistema utópico, sino el sistema mejor. En este sentido navegan JR Montero y P Riera, al criticar que la desproporcionalidad suele juzgarse como algo negativo (A Lijphart, 1995). Y que si no fuera porque suele venir acompañada de una excesiva fragmentación del sistema de partidos y, por ende, de una apreciable inestabilidad gubernamental, se haría francamente difícil razonar en contra de un sistema electoral que arrojara una exacta correspondencia entre los porcentajes de escaños y de votos conseguidos por un partido (JR Montero, & P Riera, 2009). Esta idea de que la polarización y la fragmentación partidaria conduce a la inestabilidad la vuelven a comentar estos autores al insinuar que fue la causa del fracaso de la II República (JR Montero, & P Riera, 2008)

LA GOBERNABILIDAD 

Se ha hablado mucho desde los sectores reformistas de nuestro sistema electoral de una necesidad por disminuir la sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, defendiendo la idea de un sistema más justo e igualitario. No obstante, esta idea se debe plantear en qué afectaría esto a la estabilidad de cualquier gobierno entrante.

La hipótesis que planteo es que el sistema electoral afecta a la gobernabilidad de los países, es decir, que cuantos más partido y cuanto más interés partidista esté presente en el Congreso de los Diputados, menor estabilidad tendrá el gobierno en sí, y de esto se entiende que cuanta más fortaleza tenga un partido en solitario mayor será la facilidad de éste para sacar adelante medidas legislativas, acometer reformas y, en definitiva, gobernar. Por lo tanto si aplicamos esta idea al sistema electoral, comprendemos que cuanta más proporcionalidad se imponga, menor será la capacidad de los gobiernos de gobernar.

Partiendo de estas hipótesis, que rondarán toda la exposición de este ensayo, lo que debemos preguntarnos es qué modelo democrático puede ser más útil para fomentar la aparición de gobiernos estables. Así, para demostrar mi hipótesis ha de demostrarse la evidencia de que los sistemas electorales que generan bipartidismo son capaces de formar gobiernos estables, no ocurriendo siempre así en los sistemas con multitud de partidos fuertes o con capacidad de chantaje.

En atención a esto, debo señalar algunos conceptos que han de explicarse para entender el desarrollo de mis conclusiones. Así, la gobernabilidad se consigue de dos formas diferentes, o bien existiendo un partido poderoso y único en el gobierno, o bien existiendo un sistema en el cual las alianzas de gobierno no presenten problemas, es decir, que sea sencillo llegar a alianzas fuertes de gobierno en un plazo corto de tiempo. De este modo, con una oposición hostil las alianzas son complicadas y para que exista gobernabilidad es necesario un partido fuerte y único en el gobierno. Decimos que hay gobernabilidad cuando el gobierno es capaz de lograr alcanzar sus metas políticas (V. Dezeraga, 2002), y diseñar un sistema electoral que garantice eso es el objetivo principal de esta investigación.

Así, la igualdad radical del voto (una persona, un voto) se contrapone a la gobernabilidad si nos situamos en el caso español. La igualdad de voto en unas elecciones podríamos definirla como esa equivalencia de un ciudadano, un voto. Ahora bien, definir este concepto es harto difícil por su multiformidad, es decir, por las múltiples formas válidas o no de calificarla (JR Montero & P. Riera, 2009). Es por ello que es necesario unir el concepto con el de proporcionalidad, el cual parte de la base de que el reparto de escaños ha de corresponderse con los resultados finales en unas elecciones, es decir, sin favorecer al partido más votado.

EJEMPLOS DE LO QUE IMPLICA EL SISTEMA ELECTORAL EN LA GOBERNABILIDAD

La operacionalización de la gobernabilidad es complicada, no obstante, podemos medir empíricamente la gobernabilidad por la duración de los mandatos legislativos. De este modo si cogemos tres países de referencia, que serán Italia, España y Reino Unido, observamos diferentes aspectos. Si buscamos las elecciones habidas en estos países desde la segunda mitad de los años ’70, observaremos que:

En Italia con un sistema de proporcionalidad gigantesca dada hasta comienzos de los ’90 el 75% de los gobiernos adelantaron las elecciones. Esta proporción se reduce cuando se crea un sistema electoral mixto (adelantaron las elecciones un 50% de los gobiernos, debido en parte al mantenimiento de las tendencias de voto anteriores a los partidos pequeños), y la misma proporción se ha mantenido en las elecciones posteriores a la última reforma.

En España el 50% de los gobiernos ha adelantado las elecciones, aunque debemos tener en cuenta que el adelanto de las elecciones en la primera legislatura y el de la última se debieron a causas que tienen que ver con circunstancias históricas, no con la gobernabilidad definida anteriormente. Los adelantos de las elecciones en las legislaturas de Felipe González no se debieron a una falta de capacidad para sacar proyectos adelante (una falta de gobernabilidad), puesto que el PSOE contaba con mayorías absolutas que le garantizaban altos grados de gobernabilidad, tal y como ocurre en los adelantos electorales que veremos a continuación en Reino Unido.

En Reino Unido, con un sistema mayoritario con circunscripciones uninominales, ha conseguido mantener un alto grado de gobernabilidad, puesto que los gobiernos que han adelantado las elecciones en los últimos cuarenta años han sido la mitad de ellos, y los que lo han adelantado lo han hecho el año antes de lo que correspondería (algo que no ocurría en Italia, donde se adelantaban las elecciones muy pronto).

En conclusión, podemos extraer que las legislaturas en los sistemas con altos grados de proporcionalidad duran menos que en los sistemas con una proporcionalidad media o con un sistema mayoritario por la dificulta de sacar adelante proyectos y reformas a largo plazo. Así, es evidente que en los sistemas mayoritarios, como el británico, permite al gobierno gobernar durante legislaturas completas, no siendo tan sencillo cuando hay varios partidos fuertes y las fuerzas políticas son incapaces de formar un gobierno estable, como ha sido el caso de Italia.

 

Analizando más en profundidad el caso italiano, este país tenía un sistema electoral muy proporcional, incluso uno de los más proporcionales de Europa. Eso provocó que, hasta su reforma en 1993, hubiese en Italia un gran pluralismo polarizado y gobiernos que giraban en torno al centro político con alianzas débiles, inestables y heterogéneas. Ello provocaba que hubiese gobiernos conflictivos, con largas tramitaciones parlamentarias, con una gran dificultad para llevar a cabo políticas a largo plazo y con una imposibilidad de los ciudadanos italianos para expresar claramente qué partido querían en el gobierno. Esta pésima situación creó en Italia un clima de conflicto general clamando por una reforma del sistema electoral para garantizar la gobernabilidad del país. Así, se estableció el sistema “Mattarellum”, un sistema mixto que no cumplió sus expectativas, puesto que la cultura de los italianos les empujó a seguir votado a los partidos minoritarios, en lugar de a los grandes. Al caso italiano, por tanto, cabe añadirle una variable independiente más, que es la cultura política del país. En esta nueva situación en 2005 vuelve a cambiar la ley electoral haciéndola enteramente proporcional pero favoreciendo o premiando a la mayoría y perjudicando a los partidos pequeños a causa de unos umbrales que les impedían acceder fácilmente al Parlamento (y aunque lo que hicieron estos fue agruparse en coaliciones para superar estos umbrales, perdieron su poder de chantaje) y se consiguió establecer el “voto útil” (JS Buzarra, PL Martín & RL Machín).

Con este ejemplo real se demuestra cómo cuando se establece un sistema demasiado proporcional en una sociedad muy dividida políticamente y con partidos con gran capacidad de chantaje, la inestabilidad se hace tan insoportable que impide la gobernabilidad de un país y, por ende, su progreso. Y cuando esto se da, la propia ciudadanía se da cuenta de que es algo negativo y pide un campo hacia un sistema menos proporcional.

LA POSIBLE REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL

Sentadas estas bases podemos comenzar a plantear lo que serán los resultados y conclusiones del ensayo. Voy a servirme de cuatro fórmulas electorales que garantizan distintos grados de proporcionalidad que son D’hont, la fórmula de mayorías, la Sainte Laguë y el cociente de Haré. Y en segundo lugar me serviré de dos tipos de circunscripciones: la provincia y la única estatal. Explicadas brevemente, la fórmula D’hont garantiza una representación proporcional favoreciendo al partido más votado. Este es el sistema actual español. La fórmula mayoritaria que trabajaré aquí consiste en que, en cada circunscripción el partido con más voto se hace con el montante de escaños que esa circunscripción da al Parlamento (winner-takes-all, o first past the post) (MJ. Sodaro, 2010). Este es parte importante del modelo de Reino Unido en las elecciones a la Cámara de los Comunes. La fórmula Sainte Laguë, la cual garantiza un grado más de representatividad que la fórmula D’hont. Y por último la fórmula del cociente de Haré, que es la fórmula que garantiza el mayor grado de proporcionalidad, y consiste en que en cada circunscripción los votos totales se dividen entre el número de escaños que aporta aquella (dará como resultado el número de votos que hay que obtener en esa circunscripción para obtener un escaño), y luego se dividen los votos de cada partido entre el resultado de la anterior división. Los escaños vacíos matemáticamente se reparten por el método del resto mayor. Esta es la fórmula que se reclama desde UPyD e IU (JL. Aranda, El País, 2011)

 

Entrando en el análisis de España, su nivel de gobernabilidad y los efectos sobre ella de la introducción hipotética de un nuevo modelo electoral, debo aclarar algunos aspectos importantes de mi análisis que son necesarios para comprender los resultados. Las variables que voy a modificar para comprobar cómo quedarían los resultados de las elecciones generales de 2008 serán la fórmula electoral y el tamaño de la circunscripción. Permanecerán estables el umbral electoral por circunscripción del 3% y la plurinominalidad de la misma. Así, aplicando estos cambios obtendríamos los siguientes resultados.

			ESCAÑOS
Partido Político	Voto	% voto	D’hont/ circuns. provincial	Mayoritario/ circuns. provincial	Sainte Laguë/ circuns. provincial	Cociente Haré/ circuns. provincial	D’hont/ circuns. única	Sainte Laguë/ circuns. única	Cociente Haré/ circuns. única
PSOE	11.289.335	43,87	169	179 (+10)	160 (-9)	159 (-10)	170 (+1)	169 (=)	162 (-7)
PP	10.278.010	39,94	154	171 (+17)	153 (-1)	151 (-3)	155 (+1)	154 (=)	149 (-6)
IU-ICV	969.946	3,77	2	0 (-2)	8 (+6)	9 (+7)	14 (+12)	15 (+13)	21 (+20)
CiU	779.425	3,03	10	0 (-10)	10 (=)	10 (=)	11 (+1)	12 (+2)	18 (+8)
EAJ-PNV	306.128	1,19	6	0 (-6)	6 (=)	6 (=)	0 (-6)	0 (-6)	0 (-6)
UPyD	306.079	1,19	1	0 (-1)	1 (=)	1 (=)	0 (-1)	0 (-1)	0 (-1)
ERC	298.139	1,16	3	0 (-3)	5 (+2)	5 (+2)	0 (-3)	0 (-3)	0 (-3)
BNG	212.543	0,83	2	0 (-2)	2 (=)	2 (=)	0 (-2)	0 (-2)	0 (-2)
CC	174.629	0,68	2	0 (-2)	3 (+1)	3 (+1)	0 (-2)	0 (-2)	0 (-2)
Na-Bai	62.398	0,24	1	0 (-1)	1 (=)	1 (=)	0 (-1)	0 (-1)	0 (-1)
EA	50.371	0,2	0	0 (=)	0 (=)	1 (+1)	0 (=)	0 (=)	0 (=)
CHA	38.202	0,15	0	0 (=)	0 (=)	1 (+1)	0 (=)	0 (=)	0 (=)
NC-CCN	28.024	0,15	0	0 (=)	1 (+1)	1 (+1)	0 (=)	0 (=)	0 (=)

Como podemos observar, la primera columna representa los resultados reales de las elecciones de 2008, realizadas, según apuntan algunos autores, por un sistema tan estable como aparentemente exitoso que ha garantizado un grado amplio de gobernabilidad frente a las múltiples divisiones políticas y que, sin embargo, ha sido objeto de críticas sustantivas por unas deficiencias supuestamente tan graves como para justificar su modificación en mayor o menor medida. La extraordinaria continuidad mostrada por los distintos componentes del sistema electoral actual parece evidenciar el acierto de los políticos que los diseñaron en un momento clave de la transición democrática (JR Montero & P. Riera, 2009).

Por todo lo dicho se supone que un sistema que garantice la gobernabilidad será aquel que sea capaz de crear partidos representados con mayorías absolutas. Suponiendo esto, el sistema mayoritario sería el que mejor asegure esta gobernabilidad, tal y como se muestra en la segunda columna de resultados de la tabla. En este sistema en las elecciones de 2008 sólo hubieran conseguido representación PSOE y PP, lo cual sería un seguro de gobernabilidad, pero el perjuicio vendría por la no representación de los partidos minoritarios, lo cual crearía tensiones sociales alimentadas, sobre todo, por los partidos nacionalistas e IU.

Por la fórmula Sainte Laguë, como decía unos párrafos atrás, supone un escalón más en la escala de representatividad. En este modelo con circunscripción provincial, no sólo aumentaría el número de partidos (inclusión de NC-CCN, un partido de centro canario), sino que los partidos minoritarios como IU, ERC o CC observan un aumento de su representación considerable. Así mismo, los partidos minoritarios saldrían perjudicados, sobre todo el partido más votado en estas elecciones de 2008, el PSOE. Las similitudes de esta fórmula con la D’hont provoca que el resto de partidos no presente ningún cambio real.

El gran cambio viene dado por la fórmula del cociente de Haré, que es el sistema que mayores grados de proporcionalidad otorga. Mediante esta fórmula aplicada a circunscripciones provinciales la pérdida de representación de los partidos mayoritarios es algo mayor que en el de la fórmula anterior. Mayor será también el crecimiento de las fuerzas minoritarias como IU y la entrada de nuevos partidos regionales como EA (Eusko Alkartasuna) o CHA (Chunta Aragonesista). Este sistema electoral otorgaría una mayor proporcionalidad, pero la pérdida de gobernabilidad si nos atenemos a la argumentación dada en páginas anteriores sería notable, puesto que sometería al partido mayoritario a una gran presión de pequeños e interesados partidos minoritarios. Se puede observar que el gobierno tendría más difícil llevar a cabo una línea de gobierno estable o autónoma.

Para finalizar, en los tres últimos casos donde tenemos las fórmulas D’hont, Sainte Laguë y el cociente de Haré con circunscripción única nacional, tal y como piden muchos partidos pequeños, observamos algo curioso: la única gran beneficiada es IU. El resto de formaciones pequeñas no obtendrían ninguna representación por una razón lógica, que es que no alcanzan el umbral mínimo del 3%. Por estos sistemas y con el umbral provocando sus efectos, sólo el 40% de los partidos que tuvieron representación en 2008 la hubiesen tenido, porque el resto de partidos (la gran mayoría) no alcanzan el umbral mínimo y se quedarían fuera del parlamento. Por la circunscripción nacional no importa la fórmula electoral que se utilice, porque es el umbral el que marca el resultado de las elecciones. Sólo influiría la fórmula para repartir los escaños entre los cuatro partidos representados, y aquí ya sí que el modelo que garantiza más proporcionalidad (cociente de Haré) da a los dos partidos pequeños mucho más peso. La circunscripción única, por tanto, no cae en detrimento notable para los dos grandes partidos puesto que incluso pueden ver aumentada su representación su aplicamos D’hont, saliendo sólo perjudicados con el cociente de Haré.

 

CONCLUSIONES

Como finalización de esta investigación quiero sacar una última conclusión que nace de las palabras de dos autores importantes: mientras que los sistemas denominados mayoritarios maximizan la rendición de cuentas por parte de los miembros del Parlamento y la estabilidad y efectividad de los gobiernos, los pertenecientes a la familia de los proporcionales convierten la Asamblea legislativa en un microcosmos representativo de la pluralidad de opiniones presentes en una sociedad (Carey y Hix, 2008). Por tanto, para decidir cuál es el mejor sistema debemos tener en cuenta estas dos opciones, de la lucha entre la gobernabilidad y la representación de la pluralidad, de la batalla entre utilidad y justicia. Pero lo que ha quedado claro es que si lo que pretendemos en unas elecciones es elegir votar a un gobierno que gobierne, eso sólo vendrá del sistema mayoritario o de un sistema proporcional que beneficie a las mayorías, como es el sistema español.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

·Aranda, José Luis (2011). Cómo habría quedado el Congreso con otra ley electoral. Publicado en El País. Consultado el 10 de diciembre de 2012 de: http://politica.elpais.com/politica/2011/11/22/actualidad/1321974726_397200.html

·Carey, John M. & Hix, Simon. (2008). The Electoral Sweet Spot: Low-Magnitude Proportional Electoral Systems. Disponible en:http://personal.lse.ac.uk/HIX/Working_Papers/Carey_Hix-Electoral_Sweet_Spot-13Oct08.pdf.

·Dezeraga Cáceres, Víctor (2002). Gobernabilidad. Aseguramiento estratégico de la gestión gubernamental. Consultado el 9 de diciembre de 2012 de: http://www.elprisma.com/apuntes/ciencias_politicas/gobernabilidad/

·J. Sodaro, Michael (2010). Política y Ciencia política. Una introducción. Edición revisada, pp. 156-160. Madrid: The McGraw-Hill Companies.

·Lijphart, Arend. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

·Montero, José Ramón (2009). Conferencia sobre La Ley electoral de 1977: intenciones y consecuencias.

·Montero, José Ramón & Riera, Pedro (2008). Informe sobre la reforma del sistema electoral. Consultado el 16 de octubre de 2012 de: http://consejo-estado.es/pdf/ANEXOII.pdf

 

·Montero, José Ramón & Riera, Pedro (2009). El sistema electoral español: Cuestiones de desproporcionalidad y de reforma. Anuario de la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, (nº 13),pp. 225-270

·Sotillo Buzarra, Javier, López Martín, Patricia & Lobo Machín, Rocío (). El sistema electoral italiano. Consultado el 11 de diciembre de 2012 de: http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/personal/irene_martin/pagina_personal_irene_martin/Sistemas%20Electorales/EL%20SISTEMA%20ELECTORAL%20ITALIANO.ppt

·Vallès, Josep María & Agustí Bosch (1997). El sistema electoral y sus elementos (II): La conversión de las preferencias electorales de designación de titulares de poder. Vallès, Josep María, y Agustí Bosch, Sistemas electorales y gobierno representativo(pp. 75-113). Barcelona: Editorial Ariel.

Castells en l'aire. La voluntat del vot català/Castillos en el aire. La voluntad del coto catalán

Castells en l'aire. La voluntat del vot català

Castillos en el aire. La voluntad del voto catalán

Con gritos de independencia se han programado las elecciones catalanas del pasado día 25, gritos que han provocado grandes cambios en el electorado catalán y en la realidad política de Cataluña. Cada vez se demuestra más que los ciudadanos son inteligentes, que no se deja llevar por las intenciones y, sobre todo, que construir castillos en el aire se termina pagando muy caro. Estas elecciones al Parlament de Catalunya han sido la crónica de la muerte electoral de la paranoia política y Artur Mas se ha ahogado en la estelada.

 

En mi participación en la jornada electoral como apoderado debo decir en primer lugar que la participación ha sido extraordinariamente alta. Ya a pie de urna se mascaba cómo la afluencia de los catalanes era constante desde la primera hora hasta la última, y los datos así lo demuestran, marcando una participación cercana al 70%, un 11% más que en las anteriores elecciones. Es la participación más elevada en unas elecciones autonómicas en Cataluña, lo cual ha sido una gran bocanada de aire desde el punto de vista democrático y también desde el punto de vista de la mejora de la valoración de la ciudadanía sobre la clase política.

Entrando en los resultados, quiero analizar a grandes rasgos los resultados de cada uno de los partidos:

CiU ha caído 12 escaños cuando pretendía conseguir una gran mayoría absoluta. Paradójicamente ERC ha subido 11 escaños. Por lo tanto, aquí el análisis es que la aventura independentista, el aumento del fervor nacionalista que CiU ha fomentado pensando que les iba a beneficiar a ellos, sólo ha servido para dar votos a ERC. Por tanto, podemos afirmar que Mas ha sido el mejor candidato de ERC. Los votantes de CiU, aparte de todo esto, han dado la espalda a Mas en más de 100.000 votos debido a un hecho: el peligro de pacto entre CiU y ERC ha asustado a votantes de CiU, esos votantes que tanto ha luchado para acabar con el "tripartito" y que temían volver a ver a ERC en el Gobierno catalán. Los castillos en el aire de Artur Mas le han pasado factura, y los catalanes le han dicho que en el caso de querer una independencia no quieren que sea él quien la lidere.

El PSC ha caído 8 escaños, y son las cuartas elecciones autonómicas catalanas en las que el PSC pierde votos. Han obtenido el peor resultado de su historia en votos y escaños. Esto se ha debido al ambiente electoral en el cual se estaba votando a dos extremos (independencia sí o independencia no) y Pere Navarro ha decidido quedarse en medio, apostar por un federalismo que nadie se cree. El PSC ha vivido hasta el momento en una inconcreción en la que no se decidía por un flanco más soberanista y otro sólo socialista (dos tierras que conviven en el PSC) y en estas elecciones, al PSC se le ha terminado esa inconcreción, el PSC no podía seguir en esa inconcreción y llegado el momento de posicionarse no ha logrado mantener su voto. Es claro que el buen paso del PSC en Cataluña se ha debido a que nunca ha tenido que posicionarse en el asunto soberanista, la paz en este ámbito dentro del socialismo catalán le ha permitido obtener grandes éxitos electorales.

El PP català ha logrado el mejor resultado de su historia en votos y escaños, lo cual es el dato más positivo para el PP en Cataluña y también en clave nacional. Bien es cierto que el gran ascenso de ERC ha sorprendido, y el PP podía haber llegado a optar por la segunda posición en el Parlament si este ascenso no se hubiese producido. Por lo tanto ha sido un resultado muy bueno en el resultado final, pero algo corto si tenemos en cuenta que el PP ha tenido la segunda posición en el Parlament a sólo 50.000 votos.

A ICV y a ERC les ha ocurrido cosas similares, que han subido en escaños, pero no es su mejor resultado en unas elecciones autonómicas catalanas. La denuncia de la crisis y los recortes por encima del discurso soberanista parece haber reportado buenos resultados para ICV.

Otro resultado excelente y sorprendente ha sido el de Ciutadans, que ha triplicado su presencia en el Parlament. La apuesta transversal del progresismo catalán españolista ha logrado buenos resultados, quitando votos importantes tanto al PP como a CiU y al PSC.

El radicalismo de izquierdas independentista nacido de la agrupación de “indignados”, CUP, ha significado la introducción de los antisistema en el sistema, algo que hasta hoy parecía una contradicción. Esta presencia de 3 escaños de este conjunto de grupos y asociaciones nacidas del 15-M más radical podría tener implicaciones futuras y animar a que otros grupos antisistema opten por tener representación en las instituciones. Una cosa ha quedado muy clara: ahora el Parlament sí les representa. CUP irrumpe en el Parlament y sustituye a SI (aunque con un escaño menos) y aglutina un voto que optó en las anteriores elecciones por la abstención o por el voto a ICV, ERC o SI.

 

El resultado del independentismo está sujeto también a análisis. Si bien es cierto que el golpe a CiU ha sido muy duro, el voto independentista no se ha reducido tanto aparentemente. Si contamos a CiU como una fuerza soberanista (que seriamente no podemos afirmarlo, y mucho menos podemos afirmar que todos sus votantes son independentistas, que no lo son) y sumamos su resultado con el resto de fuerzas soberanistas, es decir, ERC y CUP, el independentismo (siempre teniendo cuidado con esta palabra por lo que he ducho sobre CiU) ha conseguido 74 escaños. En las pasadas elecciones los escaños de CiU, ERC y SI sumaban 76. Así, en términos de representación, los independentistas han perdido cierta fuerza, algo que debe hacer reflexionar a CiU. Y es que el pueblo catalán podría querer mayor autogobierno, llamémosle independencia si queremos, pero no la quieren liderada por Mas.

Con los resultados encima de la mesa los pactos de gobierno son diversos. Todo parece indicar que Mas volverá a ser el President de Catalunya, pero puede no ser así, las matemáticas poselectorales así lo apuntan. Puede darse un pacto CiU-ERC, uno de los pactos más evidentes, que sería la apuesta por un pacto dentro de la política identitaria. También puede darse un pacto CiU-PSC, el cual es muy poco posible, puesto que significaría la práctica liquidación de los socialistas de Cataluña, debido a  que apoyar a CiU significaría apoyar los futuros recortes en la región (recortes que serán más fuertes que los de 2012 y 2011 juntos), a lo cual no creo que se arriesguen. El pacto CiU-PP es posible matemáticamente, aunque la guerra identitaria entre estos dos partidos ha congelado sus relaciones. Este pacto sería posible si CiU optase por abandonar su discurso soberanista y apuntase a un pacto de gobierno vinculado a la economía, puesto que ambos partidos tienen pretensiones similares en este terreno. Este pacto será muy complicado si Mas continúa en el liderazgo de CiU, otro gallo podría cantar si la Unió de Durán i Lleida se alza con la voz cantante del partido.

La otra vía de pacto sería una alineación de la izquierda, es decir, renovar el tripartito (ERC-PSC-ICV: 54 escaños), que superaría a los 50 escaños de CiU. Este pacto dejaría como consecuencia un gobierno con mayoría simple, un gobierno poco estable, como lo sería un gobierno único de CiU. El tripartito obligaría a CiU, si pretende gobernar, a pactar con el PP.

Hoy lo que personalmente creo que va a pasar es que el futuro gobierno de Cataluña será de CiU en solitario y que en la legislatura pacte con ERC para los asuntos soberanistas y con el PP en los acuerdos económicos y en la aprobación de los presupuestos autonómicos catalanes. Hoy es la apuesta más segura, aunque el panorama que ha dejado estas elecciones es demasiado caótico e imprevisible.

 

La política catalana hoy, día 26, es mucho más laberíntica que el 24 y deberemos esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mi opinión personal es que espero que se forme un gobierno estable y que respete la Constitución.

En defensa de la Monarquía

  

EN DEFENSA DE LA MONARQUÍA

En estos tiempos convulsos, cuando la crisis hace aflorar los sentimientos más populistas y la razón ve cubiertos sus ojos con una venda púrpura, se hace necesaria una defensa firme de la Monarquía, sobre todo la española, la cual está sufriendo los mayores ataques por parte del populismo más irracional de los últimos treinta años. Es ahora cuando la respuesta de los que siempre nos hemos posicionado del lado de la Monarquía como sistema más justo, democrático y eficaz, debe salir a la luz. He aquí la respuesta a los republicanos de un monárquico convencido, de un español que pese a todo, es leal al Rey.

Me gustaría comenzar diciendo que no me detendré a los debates que el populismo de este país ha sacando a  la luz, dado que se van del debate que enfrenta al sistema monárquico y al republicano. Al contrario, me voy a valer de argumentos para defender el sistema monárquico frente al republicano alejándome de populismo y centrándome en razonamientos.

Tanto el sistema monárquico como el republicano son sistemas exactamente igual de democráticos, exactamente igual de válidos para el libre pensamiento y las ideas democráticas. Este punto es necesario destacarlo, por las críticas del ala republicana española, al afirmar que esto es falso. El sistema monárquico es el más democrático en tanto que asegura la estabilidad y la instauración de la democracia en cualquier país, dado que La Corona es el principal instrumento del Estado para la defensa de la democracia frente a los ataques de posibles levantamientos. Esto fue demostrado allá por el veintitrés de febrero de 1981. La figura del Rey actúa como escudo de la Constitución y de la democracia, la guarda y la defiende con fidelidad. No me equivoco al afirmar que la Monarquía es el único sistema que asegura una democracia, dado que pese a que se pueda pensar que un Rey puede aliarse con un golpista, lo cual es evidentemente comprobable (como ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera), este hecho, en una sociedad abierta, democratizada y plural es imposible por varias razones: vivimos en una sociedad con acceso a la información, una monarquía con cultura democrática, por lo que es imposible que pueda haber riesgo de que La Corona se posicione en contra de la Constitución y de la voluntad de los españoles. Otra razón es que constitucionalmente el Rey tiene el deber de “guardar y hacer guardar la Constitución” (artículo 61.1 CE), por lo que le es imposible aceptar un gobierno que no salga de la Constitución. Además, la Casa Real actual no es como la Casa Real de Alfonso XIII, dado que por los medios de difusión de la información y su avance, harían imposible que la ciudadanía no se posicionara en contra de la monarquía si ésta aceptase a un dictador, lo cual haría caer a la Monarquía en España, a lo que  no estarían dispuestos a arriesgarse los miembros de la Casa de SM el Rey.

Volviendo a la idea de lo democrática que es la ideología de nuestra monarquía, he de pronunciarme acerca de varios acontecimientos explicativos. Por si alguien dudase de la posición del Rey como un demócrata de los pies a la cabeza, me ceñiré a la historia. Yo defiendo la postura de que el Rey es un demócrata convencido pese a los múltiples vídeos que circulan por internet, donde se ve cómo SM Juan Carlos I, antes de ser Rey, era cercano a Franco y de hecho le “respetaba”. Ante esto, debo decir que quien utiliza tales grabaciones como argumento de que el Rey no es democrático demuestra una falta de cultura biográfica de SM el Rey, dado que es obvio que los monárquicos pretendieron desde el primer momento venderle a Franco a un supuesto “perfecto sucesor” con el objetivo de que llegado el momento le diese a la monarquía un carácter parlamentario y democrático. Plan que surtió efecto, dado que fue nombrado sucesor y dio la vuelta a una dictadura, dando a España una plena y moderna democracia. Me explico más profundamente: Con la llegada de Juan Carlos a España en 1948, Franco pretendió adoctrinar al Rey en base a los principios del Movimiento para así conceder a los monárquicos la promesa de instauración de la monarquía. Monárquicos que se habían enemistado con el franquismo por haberles engañado al ofrecerles Franco la codiciada Jefatura del Estado español y luego no dársela hasta casi 40 años después. No obstante, he de señalar una anécdota a este respecto, y es que Franco jamás se atrevió a sentarse físicamente en el Trono Real, modo de no enemistarse aún más con el sector monárquico. A todo esto, Don Juan (o Juan III para los monárquicos que consideramos su reinado en el exilio como válido), no cedió de buena gana dado que Don Juan fue tras la Guerra Civil un gran detractor de Franco, y no se fiaba de las intenciones del dictador. Don Juan, por el miedo antes mencionado, rodeó al Rey de sus más allegados y leales amigos, para asegurar que el Rey no cayese en las garras de la educación profranquista y apostase, llegado el momento, por una democracia en la que el pueblo español diese su favor a un Rey y, por tanto, asegurando la restauración de la monarquía en España. Es decir, que el hecho de tener un Rey demócrata era un objetivo de Don Juan como medio de que le pueblo español aceptase la monarquía, como así lo hizo a finales de 1978.

Otro acontecimiento histórico de relevancia, sobre el cual es necesario reflexionar es el siguiente: El 8 de marzo de 1972 se casaron Alfonso de Borbón y Dampierre, nieto de Alfonso XIII y Carmen Martínez-Bordiú, la nieta mayor de Franco. Este hecho parece irrelevante, pero parece ser que Carmen Polo, la esposa de Franco, tenía mucho interés en que el sucesor a la Corona española no fuese Juan Carlos, y sí lo fuese Alfonso, por varios motivos, y es que la esposa del dictador era más franquista que Franco, por lo que dos motivaciones movieron a Polo: el hecho de que deseaba que su nieta reinase, y el deseo de que Alfonso se sentara en el trono, ¿por qué? Pues sencillamente porque era visible que Alfonso era un fiel seguidor del Movimiento Nacional y, por tanto, de su marido. He aquí la disyuntiva de Los Franco: qué escoger, a un sucesor franquista como proponía Polo o la opción de Franco que era Juan Carlos. Mi valoración es meramente especulativa, pero creo que las tensiones vividas en el país y las claras ansias del pueblo por la democracia, empujaron al Franco a apostar por un sucesor más aperturista y menos franquista. Dejo la siguiente pregunta abierta ¿en sus últimos momentos Franco decidió apostar por un modelo “menos dictatorial” encabezado por Juan Carlos?

Abandonando toda esta ambientación histórica que he creído esencial para este ensayo, me gustaría pasar a exponer una parte personal sobre mi corriente de pensamiento acerca de la monarquía española. Me refiero a la legitimidad de la Monarquía en nuestro país. Aquí propongo al lector las cuatro legitimidades capitales del sistema monárquico de España. Antes de nada quiero decir que no todas valen dependiendo del lector, pero lo que quiero mostrar es que, seas de la ideología que seas, el Rey es legítimo Jefe de Estado. La primera legitimidad, llamada “legitimidad histórica”, me refiero aquí a la larga tradición monárquica de España, la cual sirve de base para la asunción de que España no se entiende sin la bandera rojigualda. La segunda legitimidad (para los cercanos al franquismo), la llamada “legitimidad legal”, puesto que es la Monarquía la que jurídicamente sobrevivió tras la dictadura, porque es la legítima cabeza del Estado tras la muerte de Franco, nos guste o no (a mi personalmente no me gusta, pero es así). La tercera legitimidad (para los monárquicos), la llamada “legitimidad sucesoria”, donde Juan Carlos es legítimo Jefe de la Casa Real tras la renuncia de Don Juan en plena Transición a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, Juan Carlos I. Y por último, la cuarta legitimidad, la llamada “legitimidad democrática” o “legitimidad constitucional”, que es la que le dimos los españoles a la monarquía con el referéndum constitucional en 1978.

Estas cuatro legitimidades son cuatro escudos que repelen cualquier ataque republicano venga de donde venga al derecho de la monarquía a ser el sistema de jefatura de estado de los españoles.

Continúo defendiendo la Monarquía en este ensayo y paso a hablar de la última de las legitimidades, la constitucional, la cual puede crear mayor controversia ante la opinión pública, sobre todo la opinión republicana. Cuando hablo de que los españoles votaron monarquía cuando dieron el sí a la Constitución, alguno se habrá escandalizado, dado que posiblemente piense que los españoles no tenían otra opción, era eso o la vuelta a la dictadura. Rebatiré este flojo argumento. En primer lugar quiero establecer el argumento jurídico de que “quien vota el todo, vota la parte”, por lo que los españoles votaron conscientemente a una constitución que llevaba consigo la instauración de la Monarquía Parlamentaria. Pese a esto, lleguemos a pensar que lo dicho no es así, que los españoles no eran monárquicos pero que se vieron obligados a votar a favor de una constitución monárquica. Llegados a este punto, yo me pregunto, si la constitución hubiese sido republicana, siguiendo la argumentación del populismo republicano español, se habría votado a favor de la Constitución, al no tener otra alternativa. De esto deducimos ¿podríamos los monárquicos decir que la ciudadanía no sólo no era republicana, sino que era monárquica, pero que votó república porque no le quedaba otra alternativa? Como puede ver, este argumento es absurdo, dado que se basa en futuribles, en predicciones absurdas, mostrándose en contra de lo que es real: que los españoles refrendaron a la Monarquía.

De lo siguiente que voy a hablar es sobre un asunto capital para la argumentación monárquica: ¿por qué es mejor la monarquía que la república? Antes de nada, quiero decir que de lo que estamos discutiendo realmente es sobre una Jefatura de Estado, de si debe ocuparla una persona elegida periódicamente o si, por el contrario, la deben ocupar una serie de personas, las cuales se pasan el testigo hereditariamente. Esa es, o debería ser, la esencia principal del debate entre monárquicos y republicanos.

En mi opinión un sistema monárquico asegura a los españoles a un jefe del estado más preparado para su cargo de lo que estaría cualquier español elegido periódicamente. Desafortunadamente la casta política española no es lo suficientemente “prodigiosa” como para asumir el cargo de Jefe del Estado con responsabilidad y, sobre todo, con imparcialidad. La imparcialidad es un tema que yo considero capital para la jefatura del estado, así como que éste no tenga poder de veto real, dado que lo contrario significaría un retroceso democrático. Esta imparcialidad sólo la asegura un sistema que no se soporte sobre las “sucias manos” de los partidos políticos, los cuales no serían jamás imparciales. Además, es evidente que está más preparada para asumir la Jefatura del Estado una persona criada para ello desde la cuna, que ha sido entrenado como una máquina para serlo y que verdaderamente ha mamado de ello desde el momento en que dio sus primeros pasos. Esta persona estará siempre mil veces más preparada que otra que decide en un momento dado, sin formación académica (como suele ser habitual en muchos de nuestros políticos), presentarse a tomar el mando de dicha jefatura.

No obstante, no quiero que esta argumentación sea interpretada como una defensa de la dictadura como mejor sistema político, todo lo contrario, mi defensa del cargo hereditario en la jefatura del Estado debería ser entendida como lógica dado que el Rey no tiene poder para legislar ni para gobernar, poderes que sí han de recaer en cargos elegidos de modo directo por los españoles.

Quiero entrar ahora a un tema del que mucho se habla pero poco se sabe, el coste anual de las monarquías y de las republicas, para lo cual nos preguntaremos: en estos tiempos de crisis ¿qué sistema es más económico? Cuando un republicano intenta cargar contra la monarquía no puede evitar mencionar el “elevado coste de la monarquía española”. He de recordar que el dinero que se le otorga a la monarquía según los últimos PGE es de poco más de ocho millones de euros anuales. En una primera impresión, que es en la que los republicanos se suelen fijar, el sistema parece caro, no obstante, pronto comprobaremos el absurdo en el que caen. Hay que añadir que de la partida de esos ocho millones, lo que que se le adjudica a SM el Rey es de menos de 300.000 euros anuales, lo cual, partiendo de la ignorancia también puede parecer excesivo.

Como decía, este falso mito del exceso de coste del sistema monárquico se cae por su propio peso en cuanto indagamos en el coste de las repúblicas occidentales y el sueldo de sus Presidentes de República. Comencemos por Italia, el caso más sangrante del argumento republicano, su coste anual es de 235 millones de euros, casi treinta veces más que la monarquía española. Calculado en euros por habitante, cada italiano paga al año 4 euros, frente a los 0,17 euros por español y año. Sigamos con cifras de las repúblicas. Portugal: 18,3 millones (1,7€ por portugués al año). Alemania: 39 millones (0,5€ por alemán al año). Francia: 90 millones (1,36€ por francés al año).

 Ante los datos no puede haber debate alguno, acabamos de ver cómo un sistema republicano no garantiza el bajo coste de su jefatura de estado. Incluso si tomamos a la monarquía europea más “snob”, Reino Unido, encontramos un coste de 55 millones anuales, mucho más económico que la república más costosa. Es por tanto que España, con su monarquía parlamentaria, tiene al Jefe de Estado más económico de Europa. SM el Rey no es un mal gasto. Y es que el argumento del sobrecoste de la monarquía, como hemos visto, tiene muy poco valor en un debate político serio sobre la monarquía y la república.

Otro argumento que pasa por la cabeza de los republicanos en cada debate monarquía-república, argumento que es inevitable que saquen a relucir y que ellos creen con mucha autoridad. Hablo del argumento de la atemporalidad de la monarquía. Los republicanos no dudan en decir que: “la monarquía es un sistema decimonónico, un sistema que no tiene sentido en pleno siglo XXI”. Pues bien, este argumento, que no deja de ser populismo arraigado en la ignorancia, muestra que los republicanos conocen muy poco sobre las formas políticas de las monarquías e incluso sobre la historia de la República como sistema. Así, ignoran que la república contemporánea, tal y como la conocemos hoy en día nació con la Constitución de EEUU en pleno siglo XVIII. Y no quiero hablar ya de la república necida en la época de Platón, dado que dejaría en clara evidencia a los republicanos. No, la república no se ha inventado hace dos días, su sistema es casi tan antiguo como el monárquico, y mucho más antiguo que las monarquías parlamentarias. Este argumento republicano es inútil, dado que la Monarquía ha demostrado ser un sistema igual de preparado para el “idílico siglo XXI” como lo puede ser una república, muestra de ello es su alto respaldo en países que son potencias mundiales como Reino Unido o Japón, por no hablar de las monarquías escandinavas o del Benelux.

Es aquí cuando yo cuestiono las intenciones colonialistas o imperialistas de los sectores republicanos, que argumentan que la mayoría de los países de mundo son repúblicas. Y suponiendo que eso fuese cierto, no es excusa para que todo el mundo deba girar en torno a una república, dado que cada país tiene sus circunstancias históricas, tiene su idiosincrasia, su tradición y su forma de ser. Me explico con un ejemplo: es imposible concebir en países con raíces tan profundamente monárquicas como Reino Unido una república, es absurdo pensar en ello. Es por ello que, partiendo de la validez democrática del sistema monárquico parlamentario, no alcanzo a entender este sentimiento semicolonial que pretenden llevar a cabo los republicanos.

Hablemos de las funciones de La Corona, los cuales se recogen esencialmente en el Título II de la CE. En el fragor de los debates entre monárquicos y republicanos siempre suele destacarse algún republicano cuestionando a los monárquicos acerca de las funciones del Rey. Intentaré responderles resumidamente, dado que SM actúa en numerosos asuntos, como corresponde a cualquier Presidente de República, y es que las funciones del Rey de España no son muy distintas a las de una república como la del Presidente de la República de Portugal. El Rey de España es el principal embajador del país, ya hemos visto a lo largo de la Transición al Rey en la Cámara estadounidense o en la francesa, recabando apoyos para la joven democracia española, también fueron famosas las conversaciones del Rey con Alemania por esas fechas. Y su acción ha sido continua, SM el Rey ha sido el principal embajador de los asuntos económicos españoles, ayudando indudablemente a que España y sus empresas adquieran acuerdos de millones de euros con otros países, prueba de ello es el acuerdo con Arabia Saudí para la instalación del AVE Medina-La Meca. Para más añadiduras, mencionar las supuestas conversaciones recientes del Rey de España con el de Marruecos en plena Primavera Árabe para la reciente reforma de la constitución marroquí, donde Mohamed VI pidió ayuda a nuestro Rey. Por último, respecto a la acción del Rey en el exterior, he de decir que no hay nada que recriminarle.

Para más añadidura y como muestra de la gran labor del Rey en el exterior quiero que el lector haga un ejercicio, sobre todo el lector que piense que la monarquía no sirve para nada. Piense en el nombre o el rostro del Presidente de la República Federal Alemana. Seguramente no alcance a saberlo, pero no ocurre así con SM, figura conocida internacionalmente, al igual que el resto del de los monarcas occidentales, como por ejemplo Isabel II. Reino Unido y Alemania son dos potencias en Europa comparables en cuanto a relevancia internacional, pero con dos sistemas de jefatura de  estado radicalmente opuestos, y sin embargo, el común de los mortales sabe quién es Isabel II y no sabe quién es Juachim Gauck (Presidente de la RF de Alemania). He aquí la muestra más palpable de quién ofrece una mejor representación internacional del país: claramente un monarca, y no un presidente de república.

El resto de funciones son menos analizables ensayísticamente, dado que no hay más que leer la Constitución. SM puede elegir al candidato a Presidente del Gobierno, aunque su acción no puede no elegir a la lista más votada, no obstante, sus competencias sí que son relevantes en casos de gran igualdad de fuerzas políticas, aunque la última palabra siempre la tiene el legislativo. El Rey asume al alto mando militar, lo cual es extremadamente positivo, porque esa es la llave para el control del ejército para evitar que este se levante contra la Constitución porque, recordemos, el Rey ha de guardarla y hacerla guardar. La posición militar del Rey tiene una actuación simbólica muy presente en los militares, los cuales le deben lealtad al Rey, pero no puede manejar el ejército, esa es tarea del Gobierno, pero en caso de secuestro del ejecutivo, en caso de golpe de estado, es el Rey el que más poder de convicción tiene para disuadirlos, como así ocurrió un 23 de febrero.

Para finalizar con este ensayo, quiero decir unas últimas palabras. La Monarquía, ha significado para España el mayor periodo de democracia ininterrumpida de nuestra historia, ha garantizado la estabilidad, ha salvado a España ante golpes de estado y ante graves crisis diplomáticas en nuestro país. El valor de la monarquía es esencial para España, puesto que no hay España sin Monarquía. El Rey es ese elemento de razón, esa institución que en tiempos de crisis es la única que aporta cordura al debate político, la única que siempre lo dará todo por España, todo por los españoles.

España puede decir bien alto y sin temor, que SM el Rey Don Juan Carlos I ha conseguido ser el Rey de todos los españoles.

¡Viva el Rey!

NO PERMITIDA LA DIFUSIÓN LUCRATIVA SIN AUTORIZACIÓN DEL AUTOR.

Agradecimientos: “Semana”, Aguaron.net, “El Confidencial” y “Ciencias y cosas"

¿Y si eliminamos Cultura, qué?

¿Y si eliminamos Cultura, qué?

Me gustaría analizar el Ministerio de Cultura de los PGE en el año 2011. Mi motivación es la cantidad de recortes que está habiendo, para demostrar que es posible recortar en aspectos más prescindibles, como iréis viendo.

 Esta partida se ha visto disminuida en los últimos dos años hasta situarse en el año 2011 a niveles de gasto de 2007. Este Ministerio ha visto incrementado su presupuesto hasta la llegada de la crisis en 2008, aunque no fue hasta el año 2010 cuando el gasto presupuestado comenzó a descender, lo cual correspondía a una política generalizada del descenso del gasto público. En la siguiente gráfica se muestra el gasto de los sucesivos PGE desde 2006 a 2011 en el Ministerio de Cultura expresado en miles de euros:

Los gastos del Ministerio de Cultura se subdividen en otras partidas. Entre ellas identificamos gastos en cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior; dirección y servicios generales de cultura; museos; exposiciones; promoción y cooperación cultural; música y danza; cinematografía; o conservación y restauración de bienes culturales y protección del patrimonio histórico, entre otras subdivisiones.

Por ejemplo en el presupuesto de museos, uno de los más abultados, el sector público gastó 213.709.000 de euros, una cifra que a mi juicio es excesiva. Partidas como la de los museos comparte valoración con el resto. No obstante juzgo que la partida de conservación y restauración de bienes culturales y protección del patrimonio histórico no sería eliminable. A esto volveré a continuación.

Como decía, el resto de partidas son a mi juicio innecesarias, y creo que debería ser el mercado el perfecto regulador de las mismas. Financiar desde el sector público partidas como el cine o los museos pueden ser en estos tiempos absolutamente innecesarios. El objetivo del sector público al intervenir estos sectores culturales es el de sostener museos, teatros o exposiciones que en un mercado libre no podrían sobrevivir.

En esto punto nos preguntamos ¿es necesario que el Estado sostenga un aparato cultural que los usuarios no consumen? Desde algunas perspectivas ideológicas se entiende que esto es necesario por el bien del progreso cultural. En mi opinión creo que es inútil colocar unos gastos en un sector que el usuario no utiliza. El mercado es una figura inteligente, que elimina todo aquello que carece de utilidad o interés para los individuos, permitiendo así el desarrollo y la satisfacción de necesidades vitales. Sin embargo, con el intervencionismo del sector público en esta materia lo que estamos haciendo es incrementar descontrolada e innecesariamente nuestro gasto público, un gasto que se podría destinar a otras partidas más beneficiosas para el común de los usuarios. Así mismo, este ánimo de gastar por gastar en cultura que nadie consume nos lleva a ver ejemplos que a la imagen pública le son negativos, por ejemplo la construcción de la Ciudad de la Cultura de Galicia, una obra que ha costado millones de euros al sector público y que goza de escaso interés si nos atenemos a los datos de visitas anuales.

Continuando con la imagen pública de estos gastos, hay que mencionar que políticamente son un imán para los partidos y los gobiernos, sobre todo autonómicos, que se ven con partidas de gasto en cultura que saben que son un despilfarro. No obstante, la imagen pública a la hora de presentar unos presupuestos se posiciona favorable a todo este tipo de gastos improductivos.

Volviendo a la consideración del mercado como la mejor herramienta de desarrollo de los términos presupuestados para el Ministerio de Cultura, debemos considerar que si esto se hiciese realidad, si el presupuesto del Ministerio de cultura se redujese a 0, nos ahorraríamos casi 1.300 millones de euros, según los datos de los PGE 2011. Podría considerarse que si esto se llevase a cabo se producirían consecuencias negativas para el desarrollo de la cultura en España. No obstante es necesario tener claro que la cultura en las encuestas del INE sobre las principales preocupaciones de los españoles no se encuentra entre ellas. Por tanto, planteo de nuevo la pregunta, ¿es necesario que el sector público sostenga un gasto que, además de improductivo (no genera grandes beneficios), carece de interés para los consumidores? Es lógico pensar que no, dado que al igual que el mercado destruye todo aquello que no es ni productivo ni genera necesidades entre los consumidores, el sector público debería de hacer lo mismo, porque nada ganamos en sostener museos que nadie visita, exposiciones que sobran y películas que difícilmente se las puede considerar como arte o cultura. Ahora bien, hay que decir, para calmar a algunos sectores ideológicos, que la desaparición del sector público de la mayor parte de la cultura no significaría necesariamente la destrucción de todos los museos, exposiciones o eventos culturales, al contrario, se desarrollaría una cultura más acorde con las necesidades de los individuos.

En resumidas cuentas, lo cierto es que si el mercado organizase la cultura y no el sector público, los consumidores nos libraríamos de sostener a dudosas expresiones de la cultura española. Pese a lo que la opinión pública pueda pensar, es decir, que se perdería todo el arte y la cultura española, puedo asegurar que si el mercado copara el sector cultural no perderíamos el buen arte, o al menos el arte que a los consumidores más les satisface, dado que el propio mercado se preocuparía por conservarlo, promocionarlo, protegerlo y sacarle rentabilidad económica.  

Pese a esta valoración, es posible que sea necesaria la conservación de algunas partidas que protegen los restos de nuestra historia cultural más gloriosa. Hablo de las partidas del Ministerio de cultura a archivos, conservación y restauración de bienes culturales o protección del Patrimonio Histórico. Las cuales son partidas que el mercado muchas veces abandonaría por improductivo, hablo de la conservación de castillos, monasterios, cascos antiguos amurallados, etc. Que tienen un valor histórico que no podemos arriesgarnos a perder.

Como conclusión, debemos decir lo siguiente de la partida de los PGE 2011 destinada al Ministerio de Cultura. La intervención del sector público en esta materia estaría justificada por un fallo de mercado, el cual natural y automáticamente desestima la producción de bienes culturales que no generan beneficios y que no suscitan necesidades entre la masa demandante. En este país para solventar este fallo, se apostó por la intervención del sector público, la cual, con la excusa del interés general, está sosteniendo un ámbito que es ineficiente en el sentido de que no satisface las necesidades de los consumidores.

Por lo tanto, podemos concluir que la gran parte del gasto en Cultura, que fue de casi 1.300 millones de euros en 2011, podría eliminarse, y siguiendo los criterios y prioridades de gasto que he ido exponiendo podríamos reducir sin miedo a equivocarnos ese presupuesto a cerca de 100 millones de euros. En porcentajes significaría una reducción del 92,3% del presupuesto para Cultura aproximadamente, o lo que es lo mismo, un ahorro a las arcas públicas de unos 1.200 millones de euros anuales.